El sistema universitario español juega un papel fundamental dentro de la sociedad, contribuyendo significativamente a potenciar el crecimiento económico y productivo así como también a estimular la integración y la equidad social. Aquellas universidades que son conscientes de la responsabilidad que les corresponde en este modelo de desarrollo basado en el conocimiento, intentan garantizar su eficiencia colocando a los estudiantes en el centro de la escena como los grandes protagonistas que necesitan nuevas competencias profesionales, humanas y científicas, propias de una sociedad en constante cambio.
La adecuada cadena del conocimiento, desde su generación hasta su transferencia, es fundamental y estratégica para toda sociedad que quiere seguir desarrollando sus valores a partir de un nivel de competitividad que sostenga un estado de bienestar sólido, el cual solo es posible mantener vivo si se ponen las capacidades de dicho saber al servicio de su comunidad.
En esta entrada del blog, tomamos el capítulo 1 del Informe CYD 2017 para describir la estructura del sistema universitario español y mostrar cómo la universidad no solo está evolucionando y cambiando sus pilares sino también los cimientos de todas las demás instituciones con las que interactúa recíprocamente.
Para mantenernos alineados con la estructura del capítulo, el artículo se divide en los mismos cuatro apartados: matriculados universitarios, desempeño y comparativa en perspectiva internacional, oferta de titulaciones y acceso en universidades públicas presenciales españolas, personal docente e investigador y su comparación internacional, y financiación universitaria para posicionar a España en el contexto de la OCDE y presentar indicadores de ingresos y gastos.
Matriculados universitarios
Tal como hemos expresado al mencionar los 4 retos que se desprenden del Informe CYD 2017, en el curso 2016-2017 se registró un nuevo descenso del número de matriculados en grado, siendo el quinto curso consecutivo con variaciones anuales negativas (la cifra total quedó en 1,3 millones de alumnos). En cambio, los matriculados en máster oficial se han incrementado de manera ininterrumpida desde 2006-2007, superando la cifra de 190.000 estudiantes.
La participación relativa en el total de matriculados de las universidades privadas ha crecido hasta alcanzar en 2016-2017 el 14,3% en grado y el 34,3% en máster. También, ha avanzado intensamente el peso de las universidades a distancia. Por ramas de enseñanza, destacan ciencias sociales y jurídicas, seguidas por ingeniería y arquitectura y ciencias de la salud, esta última con más peso en grado; en tanto las ramas con menos participación son artes y humanidades y ciencias.
Las mujeres son mayoría (54-55%) y con tendencia al ascenso. El alumnado en la edad típica universitaria, 18-21 años en grado y menos de 25 años en máster, a pesar de haber aumentado, significa menos de la mitad. Los matriculados con nacionalidad extranjera apenas representan el 4,4% en grado pero más del 20% en máster. Como dato claramente concentrado, casi dos tercios de los matriculados en las universidades presenciales españolas en grado y el 73,1% de los de máster se ubican en tan solo cuatro regiones: Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Los datos de desempeño académico de los matriculados fueron mejores (mayor tasa de rendimiento -créditos aprobados sobre matriculados-, menor porcentaje de créditos matriculados en segunda y sucesivas matrículas y menor tasa de abandono del estudio) para las mujeres en relación a los hombres; en general, para los estudiantes de universidades privadas presenciales; y, por ámbitos de estudio, para el alumnado de salud y educación. Por regiones, destaca positivamente el desempeño académico de Navarra; de Cataluña y Madrid (en grado); y de Castilla y León y Asturias (en máster).
La ratio de matriculados universitarios en España sobre la población de 18 a 24 años tiene un nivel intermedio-alto en el contexto de la UE. En los últimos años ha crecido el porcentaje de mujeres y de jóvenes con menos de 25 años, al revés que en la mayoría de los países de la Unión Europea.
El porcentaje de matriculados universitarios en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) es del 23,7%, casi cinco puntos por debajo de la UE y muy lejos de Alemania (37,6%), nación líder. Por el contrario, tienen mayor protagonismo que en la UE educación, salud y bienestar, ciencias sociales, periodismo e información y servicios.
Oferta universitaria
En 2017-2018 se han impartido en el sistema universitario español 8.327 titulaciones oficiales: 2.854 grados, 3.540 másteres, 1.120 doctorados, 734 programaciones conjuntas de estudios oficiales de grado (o dobles grados) y 79 dobles másteres. Si bien el total de titulaciones impartidas es alto, se ha producido una reducción respecto al curso precedente (0,7%, 55 menos) debido íntegramente a los másteres oficiales (-6,2%) y a las universidades presenciales.
El número de plazas ofertadas en grado en las universidades públicas presenciales españolas ha sido de 245.203, un 0,4% menos que en el curso precedente; la matrícula de nuevo ingreso por preinscripción también se ha reducido y la demanda cayó un 2%.
Respecto a la tasa de ocupación (ratio matrícula/oferta), ésta ha sido del 89,3%, seis décimas por debajo del curso anterior. Por ramas, la más elevada se ha registrado en ciencias de la salud (prácticamente se han cubierto todas las plazas ofertadas). En el lado opuesto, artes y humanidades ha dejado casi 15 plazas de cada 100 ofertadas sin cubrir, e ingeniería y arquitectura más de 20. En los últimos 5 años, el mayor descenso de esta tasa ha tenido lugar en ingeniería y arquitectura (7,7 puntos) y en artes y humanidades (5,8).
En relación a la tasa de preferencia (demanda/oferta), la mayor se ha dado en ciencias de la salud (para cada plaza ofertada, 3,39 demandantes) y con cierta distancia le sigue ciencias, con una tasa del 154,7%. Merece la pena mencionar que en el último quinquenio solo ciencias ha incrementado, y de modo muy importante con casi 30 puntos porcentuales, su tasa de preferencia.
Por último, la tasa de ocupación más elevada, por comunidades autónomas, se ha registrado en Navarra y Cataluña (menos de cinco plazas de cada 100 ofertadas han quedado sin cubrir con matriculados de nuevo ingreso por preinscripción). En el otro lado, Extremadura y Cantabria (28,4 y 23,1 plazas sin cubrir, respectivamente). En estos 5 años, solo tres regiones mejoraron la tasa de ocupación: Aragón, Madrid y Galicia. En el otro extremo, los descensos más notables se han dado en Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja y Baleares.
Personal de las universidades
En el curso 2016-2017 el personal docente e investigador (PDI) de las universidades españolas ha sumado 120.383 trabajadores, un 1,9% más que en 2015-2016, y por tanto el tercer curso consecutivo con crecimientos. De este total, el 2,2% trabajaba en universidades a distancia, el 84% en públicas presenciales y el 13,8% en privadas presenciales.
Un dato que resalta dentro de las universidades públicas es la reducción continua en el número de PDI funcionario y un ascenso (desde el 2012-2013) del contratado. Así, el peso relativo de los funcionarios sobre el total del PDI ha pasado del 47,2% al 42,3%. La figura más importante es la del profesor asociado (26,2% del PDI total de las universidades españolas). Pero en PDI en equivalencia a tiempo completo, el titular de universidad es la categoría clave (33,5% del total), y los asociados (8,4%) se ven superados también por los contratados doctores y los catedráticos de universidad.
En cuanto a los datos demográficos, las mujeres significan el 41,3% del profesorado y su participación representa tres puntos más que a principios de década. La edad media del PDI es de 49 años y la de los funcionarios ha subido a 55 (la mitad de los catedráticos de universidad ya han cumplido 60 años). El 64,6% del PDI de las universidades presenciales españolas se localiza en cuatro regiones: Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana; concentración que ha crecido siete décimas desde principios de década.
El 68,9% del PDI de las universidades presenciales españolas ha trabajado en el curso 2016-2017 en la misma universidad en la que ha leído su tesis doctoral. Últimamente, se registra cierto descenso de esta endogamia pero es debido básicamente a las universidades privadas, donde ya de por sí el nivel es muy reducido (31,5% frente al 73,4% de las públicas). Por comunidades autónomas, y enfocándonos en las universidades públicas presenciales, este porcentaje alcanza su nivel máximo (más del 90%) en el País Vasco y Canarias.
Financiación del sistema universitario español
El último apartado del capítulo 1 del Informe CYD 2017 analiza en primera instancia la evolución española en perspectiva internacional por lo que se refiere a recursos financieros invertidos en educación superior, utilizando para ello los datos y la información que aparecen en la publicación de la OCDE Education at a Glance 2017.
El gasto en educación superior por estudiante para España en 2014 ha sido de 12.489€ frente a los 16.143 de la OCDE en promedio. Si el dato de la OCDE se igualase a 100, el valor español llegaría a poco más del 77%, a casi 23 puntos porcentuales de su nivel. En relación a los 34 países de la OCDE de los que se tiene información, España ocupa una posición intermedia-baja, con el décimo quinto valor más reducido.
Si se atiende el gasto en educación superior respecto al PIB, España registra el noveno valor más reducido de los 34 países de la OCDE con datos (1,26% frente al 1,54% del promedio de la OCDE). El 68,5% de los fondos para sufragar el gasto en educación superior en España proviene de fuentes públicas, siendo el duodécimo con menor participación del sector público en el contexto de los 33 países de la OCDE con información. Además, España es el octavo país con el menor ratio entre el gasto público en educación superior y el PIB.
Según datos que hemos podido recopilar en Fundación CYD respecto a los presupuestos liquidados de las universidades públicas presenciales españolas, los ingresos totales en 2016 aumentaron un 4% respecto a 2015, lo que consolida y amplía el incremento anual en torno al 3% de entonces. Los gastos totales, por su parte, descendieron un 1,3%, pero la reducción se concentró sobre todo en los gastos de capital; en los corrientes el ascenso fue del 2%, similar a la tasa de crecimiento del 2015 (2,3%).
Las transferencias corrientes y de capital recibidas por las universidades públicas, en su mayor parte procedentes de las comunidades autónomas, se incrementaron en 2016 respecto a 2015, aunque respecto a 2009 siguen siendo inferiores en un 15-17%. La recaudación por tasas, precios públicos y otros ingresos se mantuvo en 2016 respecto a 2015, pero con relación a 2009 lo recaudado fue más de un 18% superior. En el lado de los gastos, las inversiones reales disminuyeron un 13,4% en 2016 respecto de 2015. La cifra, en comparación con la de 2009, era más de un 40% inferior. En cambio, los gastos corrientes de 2016 ya solo eran un 3% menores que los de 2009 y los gastos de personal ya prácticamente alcanzaban su montante de finales de la década pasada.
Poniendo en relación los ingresos y los gastos, se observa que el saldo presupuestario para las 47 universidades públicas presenciales españolas en 2016 fue equivalente al 4,9% de los ingresos, contrastando con los valores negativos de los dos años previos.
En conclusión, el primer capítulo del Informe CYD 2017 pone en evidencia un dilema central y varios secundarios: cómo entender y hacer frente al descenso del número de matriculados de grado en el sistema universitario español. A priori, una de las razones es la disminución del tamaño de la cohorte más típica (18 a 21 años) para incorporarse a la universidad, pero también puede deberse al crecimiento ininterrumpido del número de estudiantes de ciclos formativos de grado superior, o bien al impacto del crecimiento de los precios públicos en la demanda universitaria.
Sin duda, la reducción en los titulados en grado, es un tema controvertido en el sistema universitario español. Pero más que volver a analizar sus propiedades inherentes, se requiere de un verdadero debate en el que participen todos los actores implicados para que sea posible afrontar la necesaria reforma educativa, procurar una financiación adecuada y dotar al conjunto de un correcto marco regulatorio capaz de garantizar su labor universitaria: brindar una formación especializada, con autonomía de juicio, capacidad crítica y pluralismo intelectual que sea válida para el actual mundo laboral.
