El Informe CYD 2011 demuestra la responsabilidad del sistema universitario español para asumir la reducción de los recursos públicos destinados a ella sin dejar de ofrecer ni atentar contra su actividad docente e investigadora, siendo la colaboración con las Administraciones competentes un dato clave a resaltar.
A la menor disponibilidad de recursos públicos para financiar la actividad universitaria se añade una caída de los recursos captados de I+D+i de las empresas y otras entidades. Además, el deterioro del mercado de trabajo ha sido tal que incluso los graduados superiores muestran datos negativos.
El impacto de la crisis ha tenido efectos positivos. Después de una década de variaciones negativas en el número de matriculados universitarios en estudios de grado, desde el curso 2009-2010 hay incrementos: un 2% en dicho curso y un 2,9% en el 2010-2011, alcanzando los 1,45 millones de alumnos.
Los matriculados en másteres oficiales siguen creciendo a ritmo notable, superando los 100.000 alumnos. Lo mismo ocurre con las tesis doctorales aprobadas, con una senda ascendente en los últimos cursos. La crisis económica y la mala evolución del mercado de trabajo pueden explicar esta tendencia.
La universidad debe definir una oferta académica y su propia política de personal, participar en la fijación los precios y desarrollar su capacidad para captar recursos privados, impulsar la cooperación interuniversitaria y establecer un sistema de gobernanza que dote de más y mejores instrumentos.
Mensaje de Ana Botín
El Informe CYD 2011 confirma los avances logrados por la universidad española. En las tres últimas décadas, España ha invertido en las infraestructuras de las universidades como nunca antes. Los recursos e incentivos destinados a la investigación han permitido que las universidades dispongan de un sistema científico homologable internacionalmente. Cabe destacar el crecimiento constante del número de publicaciones científicas, que permite que España se mantenga en el noveno lugar del mundo.
