El día miércoles 29 de marzo realizamos un nuevo Desayuno CYD junto con la colaboración de la Fundació Catalana para la Recerca i la Innovació, y Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira, miembros del Patronato de la Fundación CYD. En esta oportunidad, José García Montalvo, Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, reflexionó sobre la política de precios públicos de la universidad.
El desayuno de trabajo estuvo enfocado en el análisis técnico que José G. Montalvo viene realizando desde hace tiempo respecto al impacto del sistema de tarifación social de los precios públicos de la universidad aplicado en Cataluña desde el año 2012 así como su relación con el sistema que existía anteriormente.
Según su opinión, la financiación de los estudiantes de parte del servicio público de educación superior es siempre motivo de gran controversia; valoración que no puede realizarse de forma genérica ni simplista. Desde la perspectiva de una sociedad democrática de calidad, deben existir elementos que argumenten de forma razonable y lo más científica posible cuál es el nivel de precios adecuado para los servicios públicos, teniendo en cuenta la estructura social y la configuración del sistema tributario. Para Montalvo, es fundamental que cualquier propuesta sobre este tema se base en los principios de suficiencia y progresividad del sistema tributario en su conjunto.
Haciendo hincapié en los motivos que justifican que el servicio público de enseñanza superior debe tener un precio positivo, el ponente del Desayuno CYD llamó a los asistentes a reflexionar sobre la proporción del coste que debe sufragar el usuario. Para el catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Economía y Empresa de la UPF, es necesario tener una metodología adecuada para calcular la aportación del estudiante sobre el coste total del servicio.
Una dificultad para realizar dicho cálculo es el hecho de que las universidades públicas producen conjuntamente docencia e investigación. Esta producción conjunta dificulta separar de forma precisa el coste de cada actividad. En el caso de las universidades catalanas esta conjunción es evidente: para ser profesor es necesario superar una acreditación cuyo componente fundamental es la evaluación de la investigación.
Por tanto, para conseguir la acreditación es necesario demostrar actividad investigadora de calidad y contar con un mínimo nivel de fondos de investigación; sumado a que para acreditar dichas titulaciones se incluye como punto importante la evaluación de la investigación de los profesores de dicha titulación. En este sentido, el criterio aceptado comúnmente es el de separar del coste de la docencia al de la investigación (al tener carácter y financiación finalista) y mantener en él aquella parte de recursos para la investigación que no pueden ser contablemente diferenciados frente al resto de recursos destinados a la docencia.
Sobre el final del desayuno de trabajo, José Montalvo reconoció que si bien los precios nominales de la universidad en Catalunya son altos comparativamente con el resto de España, sólo se aplican a los estudiantes de los niveles socioeconómicos más elevados, que además pagaron altos valores por sus estudios de secundaria. Esto explicaría la falta de un impacto negativo del aumento de los precios sobre el acceso o el abandono de la universidad.
Finalmente, y desde su punto de vista, resulta extraño que ciertos partidos políticos propongan bajar los precios públicos de la universidad para los contribuyentes con ingresos elevados. Bajar estos precios públicos, o hacer que la universidad sea gratuita, sería una medida regresiva en el contexto de un sistema impositivo con insuficiencia de recursos y con una progresividad limitada.
