El sistema universitario español se encuentra en transición hacia una etapa en la que la expansión de la economía empieza a reflejarse en sus variables relevantes, lo que debería traducirse en una mayor disponibilidad de recursos y de actuación por parte de cada administración autonómica y central para revertir los recortes sufridos.
Esta mejora económica ha permitido incrementar los ingresos de las universidades públicas presenciales españolas y mantener el crecimiento en relación a presupuestos liquidados. Además, en 2016 se incrementaron las transferencias corrientes y de capital recibidas por dichas universidades, en su mayor parte procedentes de las CC.AA.
El Informe CYD 2017 detecta los desafíos a los que se enfrenta el sistema universitario español, destacando cuatro de ellos: el descenso de alumnos de grado, la sobrecualificación, el relativo empeoramiento de los indicadores de investigación y transferencia, y la mejora del posicionamiento internacional de las universidades españolas.
Además, el Informe CYD 2017 expresa la necesidad de elevar la movilidad de investigadores entre las instituciones vinculadas, fomentar la formación de investigadores y tecnólogos en el extranjero y la captación de científicos internacionales, fijar un plan de inversión plurianual en I+D+i y otorgar autonomía a los centros tecnológicos.
La universidad española ha hecho frente a un período excepcional en el que la disminución de los recursos disponibles y la reducción del número de profesores ha sido de gran intensidad. Pese a ello ha mantenido su actividad, reflejando una mejora general de su eficiencia como resultado del esfuerzo conjunto de la comunidad universitaria.
Mensaje de Ana Botín
En el Informe se aprecian claramente las luces y sombras que nuestro sistema universitario presenta tanto en el volumen de recursos de que dispone como en las actividades académicas, en las de producción científica y de investigación y desarrollo y en las de transferencia. Esta situación aconseja una reflexión rigurosa enfocada a la toma de decisiones, por cuanto no se trata tanto de ir recuperando pausadamente los niveles de recursos precrisis sino de que estos sean los necesarios para hacer frente a las demandas de futuro en materia de educación superior, que afectan a todas sus dimensiones: docencia, generación y transferencia de conocimiento, así como el propio compromiso social universitario.
