Por decimoquinto año consecutivo, la presentación del Informe CYD 2019 brinda la información actualizada en relación al sistema universitario español y la contribución de las universidades españolas al desarrollo económico y social de nuestro país. Al igual que en ediciones pasadas, el informe pone de manifiesto el papel que desempeña la institución académica en la formación del capital humano y en la investigación y transferencia de conocimiento al sistema productivo.
Tras 16 años de publicación anual e ininterrumpida, el Informe CYD se ha convertido en un documento de referencia para el análisis del sistema universitario español y más específicamente de su contribución al desarrollo económico y social de España. Esta última entrega se publica en el contexto de la crisis sanitaria mundial a causa de la Covid-19 con su inherente impacto en el sistema universitario mundial y, en concreto, en la universidad española.
La pandemia ha afectado a las instituciones de educación superior, las cuales han tenido que reemplazar el modelo de docencia presencial por uno híbrido o totalmente online. El éxito académico de dicho cambio ha estado condicionado por el nivel de acceso a las infraestructuras tecnológicas y a la capacidad de los docentes de incorporar este modelo de formación a su actividad.
Según datos de las universidades que participan en U-Multirank (que brinda una clasificación internacional de las instituciones de educación superior y del cual Fundación CYD forma parte de su Consorcio), los programas ofrecidos de forma completamente online en la universidad española antes de la pandemia suponían únicamente un 2,76% de la oferta total y un 1,29% en las universidades europeas. Partiendo de esta situación, las universidades españolas han hecho y están haciendo frente tanto a la necesidad de programar toda su oferta formativa en la modalidad online como a los retos económicos y sociales que supone la pandemia, intentando responder a las demandas de la sociedad.
El Informe CYD 2019 detalla los desafíos de la universidad española
La Covid-19 es la expresión de una de las dificultades a afrontar por parte del sistema universitario español, pero no la única. En esta edición, y en complemento con los retos ya planteados en ediciones anteriores, el Informe CYD pone de manifiesto 7 desafíos a los que las universidades deben hacer frente para seguir siendo competitivas tales como la convivencia entre públicas y privadas, la sobrecualificación de los estudiantes, la transferencia tecnológica, la financiación universitaria, la internacionalización, la responsabilidad social y las políticas de igualdad.
1. ¿Hacia un protagonismo creciente de las universidades privadas en España?
En el curso 2019-2020 existían en España 87 universidades activas, 50 públicas y 37 privadas. Desde 1998, año de la creación de la última universidad pública, las privadas han ido aumentado su número, creándose algo más del 50% de las actualmente existentes, así como la tasa de participación en el conjunto de estudiantes matriculados.
Tras seis años consecutivos con variaciones anuales negativas en el número de matriculados en grado para el conjunto del sistema universitario español, en el curso 2018-2019 ha ascendido ligeramente (poco menos de tres mil estudiantes) hasta alcanzar los 1.290.455 alumnos. Sin embargo, contrasta la evolución siempre negativa (por séptimo año consecutivo) de los matriculados de grado en las universidades públicas con la variación positiva en las privadas. En el caso del máster oficial, también por séptimo año consecutivo, aunque se registra un incremento de alumnos en los dos tipos de universidades el crecimiento de las pùblicas es inferior al de las privadas.
Las cifras en cuanto a la tasa de ocupación (porcentaje de las plazas ofertadas que se cubren con matriculados de nuevo ingreso por preinscripción) tampoco son buenas para las públicas ya que el 13,2% de las titulaciones de grado en las universidades públicas presenciales han tenido en el curso 2019-2020 un 50% o menos de la ocupación y un 11,4% adicional ha tenido una tasa entre el 51% y el 75%; es decir, que una de cada cuatro titulaciones deja de cubrir el 25% o más de las plazas ofertadas con matriculados de nuevo ingreso por preinscripción.
El creciente protagonismo de las universidades privadas debería fomentar la reflexión en relación a dos frentes: por un lado, si es necesaria una evolución del modelo de gobernanza de la universidad pública para que pueda desarrollar todo su potencial y alcance y, por otro lado, si se debe actualizar el papel de la regulación en lo relativo a la calidad del sistema universitario en su conjunto, para posibilitar un marco más homogéneo, transversal y abierto.
2. ¿El graduado universitario de España está sobrecualificado?
Los datos que recoge el Informe CYD 2019 indican que se mantiene la tendencia de sobrecualificación; es decir, un alto nivel de graduados ocupando puestos de trabajo que no requiere dicha titulación (sobrecualificación) y un elevado nivel de titulados superiores con un nivel de competencias reducido en comparación con el resto de los países de la OCDE (sobretitulación).
La sobrecualificación se expresa, según Eurostat, por el hecho de que un 36,9% de los ocupados graduados superiores están empleados en ocupaciones de baja cualificación, el porcentaje más elevado de todos los países de la UE.
Todo ello se desarrolla en un contexto en que, en perspectiva europea, el 38,6% de la población española de 25 a 64 años se encuentra en posesión de una titulación de nivel superior, más de 5 puntos porcentuales por encima del dato de la UE-28. Sin embargo, también se detecta que el 38,7% de los españoles solo tiene, como máximo, estudios obligatorios, lo que sitúa al país en el lugar 26 de la UE-28. Además, solo el 22,7% dispone de estudios secundarios postobligatorios no terciarios, el porcentaje más reducido de la UE-28.
Si se relacionan estos datos con los indicadores de inserción laboral de los graduados superiores, España era en 2019 el tercer país de la UE con una tasa de empleo más baja, el segundo con mayor tasa de paro, más del doble que la europea (8,1% frente a 3,7%) y el decimocuarto, de los 34 países de la OCDE con datos, según la prima salarial de los graduados superiores en relación a los ocupados con estudios postobligatorios no terciarios (bachillerato y ciclos formativos de grado superior).
Esta tendencia abre el debate respecto a qué pueden aportar las universidades para mejorar este aspecto, con una revisión dinámica de sus contenidos y programas educativos, a la vez que ampliando su presencia en la formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida profesional.
3. ¿Cómo mejorar la importancia de transferencia en la investigación universitaria?
El Informe CYD 2019 destina su monografía a analizar las causas de la relativamente reducida presencia de la transferencia en la investigación universitaria y, en particular, de la creación de spin-off y licencias de patentes en las universidades españolas, el cual se ha realizado de manera conjunta entre Fundación CYD y la RedTransfer.
El sistema universitario español en materia de licencias de tecnología y creación de spin-off es mejorable, y ello es debido, entre otras razones, a los condicionantes con los que se encuentra el sistema de transferencia de conocimiento en España, a los incentivos establecidos para desarrollar la carrera académica e investigadora en las universidades y también en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), que ponen barreras a la valorización.
Dicha situación se inscribe en un contexto en el que la producción científica española logra unos resultados de investigación relativamente brillantes, posicionando a España como el undécimo país según el volumen de producción y manteniendo así su posición entre los principales productores científicos a nivel mundial.
El informe constata, en lo relativo a la transferencia de los resultados de investigación, que el sistema universitario español a pesar del ligero aumento de los cuatro últimos años y de los 569 millones de euros alcanzados en 2018 sigue estando muy lejos de la magnitud alcanzada previamente a la crisis (704 millones en 2008). En lo relativo al número de contratos de licencias, han disminuido muy sensiblemente en estos últimos años, de 216 en 2015 a 127 en 2017 y aunque han aumentado ligeramente los ingresos por licencias, su magnitud (3,78 millones de euros para todos el SUE en 2017) es anormalmente reducida en comparación a sistemas universitarios comparables. Un comportamiento parecido lo expresa la creación de spin-off universitarias que de 133 creadas en 2013 se ha pasado a 77 en 2018 con un decrecimiento prácticamente ininterrumpido.
Rebajar barreras a la valorización de la investigación universitaria y diseñar incentivos con este propósito para desarrollar la carrera académica e investigadora en las universidades y los OPI son los dos vectores sobre los que se debería actuar.
En este sentido, la creación, en su momento, de las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) supuso un compromiso del gobierno español para promover la transferencia y hoy, tres décadas después y con más de 200 OTRI de universidades y centros de investigación la iniciativa necesita otro impulso que pueda reducir su número, fortalecerlas y dotarlas de personalidad jurídica. El Ministerio de Ciencia e Innovación debería impulsar, junto con las comunidades autónomas y las universidades, una transformación de los servicios de transferencia y valorización que tuviera como objetivo el fortalecimiento de las OTRI para dar respuesta a las nuevas necesidades. Por otro lado, es muy relevante la iniciativa del sexenio de transferencia que se inscribe en la necesidad de desarrollar incentivos entre el profesorado universitario y los investigadores, aunque podría ser adecuado dar, en próximas convocatorias, una mayor importancia a las licencias de tecnología y a la creación de spin-off en el conjunto de méritos a considerar.
4. ¿Cómo incrementar la financiación pública de las universidades?
Desde hace años, la universidad española viene reclamando insistentemente un aumento de los recursos públicos. La demanda viene avalada, entre otras razones, por la comparación de la asignación de recursos públicos a la universidad española con las de los países del entorno. Los indicadores demuestran que el gasto total anual en educación superior por estudiante a dedicación completa era en España en 2016 un 19% inferior al del promedio de la OCDE. Además, el gasto en educación superior por alumno disminuyó en España de 2010 a 2016 casi un 15% frente al continuo ascenso experimentado por la OCDE. El indicador español de gasto público en educación superior sobre gasto público total era el undécimo más reducido de la OCDE.
Atendiendo, específicamente, a los presupuestos liquidados de las 47 universidades públicas españolas presenciales, los ingresos totales (9.363 millones de euros en 2018) siguen siendo un 9,9% inferiores a los datos del 2009, lo que da idea de la pérdida de recursos del sistema universitario público.
Por otro lado, entre los cursos 2007-2008 y 2017-2018, España ha sido uno de los países (según datos de la OCDE publicados en Education at a Glance 2019) que más incrementó los precios de las matrículas en las universidades públicas. Dicho aumento se llevó a cabo en buena parte de las comunidades autónomas, aunque de manera muy desigual, existiendo en el territorio español una gran disparidad a nivel regional de los precios públicos universitarios, como consecuencia de la descentralización de las competencias de fijación y variación de precios en la educación superior. Es de esperar, sin embargo, que dicha situación revierta en buena medida en los próximos cursos a raíz de los cambios legislativos que se han producido en 2020.
El modelo de financiación de las universidades públicas españolas, aunque sea una competencia autonómica, no cuestiona la primacía de la financiación pública a pesar de la progresiva importancia de los ingresos que provienen de los estudiantes como consecuencia del aumento de los precios públicos. Dicha política se aleja de la llevada a cabo por otros países o regiones europeas que han convertido en gratuita para el estudiante la enseñanza pública.
Por otro lado, mientras que hay un grupo de países europeos que han mantenido un crecimiento sostenido de la financiación pública desde el 2008, otro grupo (entre los que se encuentra España) ha ampliado su brecha de financiación respecto a la del 2008. España pertenece, también, al grupo de países que han reducido la financiación pública de las universidades a pesar de experimentar en la última década un aumento del PIB y, además, la ha reducido en mayor intensidad que la reducción del número de estudiantes.
5. ¿Cómo seguir potenciando la internacionalización en la actividad universitaria?
El impacto de la pandemia ha sido muy notable en la internacionalización de las universidades, en particular, en aquellos aspectos vinculados a la movilidad de estudiantes y profesores. Sin embargo, los datos de la dimensión de orientación internacional en España han estado alejados del conjunto de la OCDE desde antes de la crisis de la Covid-19. En términos de presencia de estudiantes internacionales con matrícula ordinaria en nuestro sistema universitario, solo el 1,2% de los matriculados en grado eran extranjeros en 2017, mientras que el promedio de los países de la OCDE se situaba en un 4,4%. En el máster, el dato de nuestro país del 10,3% se quedaba más cerca del promedio de la OCDE (12,7%), superando a 9 países de los 29 considerados.
Además, según los resultados de U-Multirank en 2020, en la dimensión de orientación internacional destaca el indicador de movilidad de estudiantes, con una presencia de universidades españolas en grupos de muy buen y buen rendimiento, un 49,1% mayor que la de las instituciones de educación superior mundiales y europeas. Sin embargo, los resultados obtenidos en el resto de los indicadores (titulaciones de grado y máster en idioma extranjero, profesorado extranjero y publicaciones en colaboración con instituciones extranjeras) muestran que el grado de internacionalización de las universidades españolas está por debajo del resto de instituciones de educación superior analizada por el U-Multirank de Europa y del mundo.
Por tanto, más allá y a causa de la pandemia, la internacionalización de las instituciones de educación superior (IES) puede incentivarse de otras maneras y allí radica el reto. Por ejemplo, a través de la oferta formativa desarrollada en un idioma extranjero, oferta docente de enseñanza de lenguas extranjeras en las IES, artículos científicos publicados en revistas internacionales, interacción entre profesores y estudiantes extranjeros, oferta de disciplinas focalizadas en cuestiones internacionales, cooperación entre IES de diferentes países, formación de grupos de investigación internacionales, grados compartidos entre instituciones pertenecientes a diferentes países, entre otros.
6. ¿Es posible lograr que las universidades sean más socialmente responsables?
Junto a los desafíos anteriores, la universidad, como la sociedad en general, se enfrenta a retos compartidos. Uno de ellos es su papel como motor de cambio hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el planeta.
Una de las formas en que las universidades pueden ayudar a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tarea en la que están empeñadas, es aprovechar sus potencialidades de formación para capacitar a las personas que han de implementar dichos objetivos, así como también identificar avances en la incorporación de los ODS en sus cuatro dimensiones: política institucional, liderazgo social, docencia e investigación. Además, el compromiso de las universidades ha de reflejarse en su modo de operar internamente, convirtiéndose en centros de referencia y laboratorios de buenas prácticas en sostenibilidad.
7. ¿De qué manera promover la igualdad de género en las universidades españolas?
Otro de los desafíos compartidos es promover la igualdad de género en las universidades españolas. Este es un reto por el cual se viene trabajando en los últimos años pero por el que todavía queda tarea pendiente.
Los diagnósticos realizados por las universidades españolas comparten los resultados difundidos a nivel nacional por los informes “Académicas en cifras” y “Científicas en cifras” los cuales evidencian la escasa presencia de mujeres en los cargos de gobierno, segregación vertical o techo de cristal en la carrera investigadora, segregación horizontal en la elección de estudios y de personal científico según áreas científico-tecnológicas y brecha de género en el conjunto de ayudas a proyectos de I+D+i.
Los 7 desafíos señalados constituyen solo una muestra de todos aquellos a los que han de hacer frente las universidades en general y las españolas en particular y que se suman a otros ya tratados en ediciones anteriores del Informe CYD como son un mayor compromiso con la empleabilidad de los graduados, la necesidad de ordenar la oferta universitaria, la emergencia de nuevos centros educativos con una oferta muy directamente ligada a las necesidades del sistema productivo y, sobre todo, la reforma del marco legal al que están sometidas las universidades españolas en general y las públicas en particular.
El Informe CYD 2019 concluye en los retos a los que debe hacer frente el sistema universitario español ante el nuevo escenario de competencia nacional e internacional, afectado de manera extraordinaria por la crisis del coronavirus: mayor digitalización, más agilidad, mayor autonomía y un sistema de gobernanza adecuado a los desafíos a los que se enfrenta.
El Informe CYD 2019 se encuentra descargable por capítulos. Accede a la última edición.
