Con la llegada del siglo XXI los intensos e inevitables procesos de globalización, digitalización, disrupción tecnológica y la aparición de retos sociales que requieren atención a escala global (cambio climático, migraciones, objetivos de desarrollo sostenible, etc.), las instituciones de educación superior han pasado a ser el centro de atención en la búsqueda de análisis y soluciones a problemas tan complejos, multiplicando los retos del sistema universitario español.
José María Sanz. Catedrático de Física Aplicada (Universidad Autónoma de Madrid). Rector de la UAM (2009-2017)
En palabras de la presidenta de la Universidad de Harvard, Drew Gilpin Faust, “nunca antes, en la historia de la humanidad, el futuro de las personas ha dependido, de forma tan determinante, de la educación. Nunca antes, la investigación académica ha sido tan demandada para resolver problemas tan complejos. Nunca antes, el progreso y la prosperidad de las sociedades han dependido tanto de las ideas que emergen de las universidades”.
Y, sin embargo, también, nunca antes, la universidad se ha visto envuelta en tantas controversias, desafíos y dudas sobre su desempeño y rentabilidad social, sobre su futuro y el valor de sus funciones; presentándola como una institución aislada y alejada de la sociedad.
Es obvio que, como la misma sociedad, las instituciones de educación superior, se enfrentan a profundas transformaciones, tanto en lo que respecta a su misión como a sus funciones y objetivos. El debate está en la sociedad y es necesario afrontarlo con rigor y con la participación de todos los agentes sociales, pues del resultado de tales transformaciones depende, no solo, el futuro de la universidad sino el desarrollo y sostenibilidad de la propia sociedad.
El desarrollo y modernización del sistema universitario español
En nuestro país, la promulgación de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) en 2001 y su modificación (LOMLOU) en 2007 supusieron un claro intento de modernización del sistema universitario, tanto en lo que respecta al marco legal como de redefinición e incorporación de nuevas misiones, funciones y objetivos (por ejemplo, evaluación, apertura a la sociedad, formación continua, innovación, empleabilidad, rentabilidad social, etc.). Obviamente, tanto el desarrollo de la ley como sus metas y objetivos se quedaron cortos frente al protagonismo adquirido por las universidades en el marco de la Unión Europea (UE).
La creación del Espacio Europeo de Investigación (EEI) en 2001, el desarrollo de la Estrategia 2020, la Agenda Europea de Modernización de las Universidades de 2006 y la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en 2010 situaron a las instituciones de educación superior como agentes determinantes para el desarrollo de una Europa basada en el conocimiento y en un crecimiento inteligente, integrador y sostenible.
A partir de las grandes líneas y ejes estratégicos de la agenda europea para la modernización de las universidades, España promueve en 2009 la Estrategia Universidad 2015 (EU2015) como instrumento dinamizador de la modernización y transformación incentivada de las universidades españolas. Sin olvidar la reforma curricular que supuso la adaptación al EEES, la EU2015 supuso la dinamización del Sistema Universitario Español (SUE) y un importante revulsivo para su modernización.
En efecto, al establecer financiación plurianual para una serie de ejes estratégicos, programas y acciones bien definidas (campus de excelencia internacional, fortalecimiento institucional, etc.), las universidades pusieron en marcha, en el marco de un plan estratégico propio, innumerables programas y actuaciones de mejora de su organización y de eficiencia en el desempeño de sus funciones, prácticamente en todos los ámbitos de la universidad (por ejemplo, evaluación institucional y seguimiento de la calidad; programas de tutorización, orientación, inserción laboral y apoyo al emprendimiento; estrategias de internacionalización, captación de talento y colaboración interuniversitaria; procesos de agregación con otras instituciones de educación superior; creación de espacios colaborativos público-privados, parques científicos y tecnológicos, desarrollo de patentes y empresas universitarias basadas en el conocimiento; apertura de espacios educativos adaptados a la tecnología y a los nuevos modelos educativos, creación de escuelas de doctorado, observatorios y portales de empleo, igualdad y transparencia, nuevos institutos de investigación, etc.). En particular, la EU2015 puso especial énfasis en promover una mayor apertura de la universidad hacia la sociedad y una mayor implicación en el desarrollo económico, social y cultural del entorno territorial más próximo.
No obstante, esta confluencia de voluntades, tanto del gobierno como de las universidades, para mejorar la eficiencia de la gestión y dinamizar el SUE, que supuso la EU2015, se enfrentó, demasiado pronto, a la recesión económica internacional de 2009, especialmente intensa en nuestro país, y el posterior cambio de gobierno. Los efectos de tal crisis, fueron, entre otros, enormes recortes en la financiación pública de la investigación y de la educación superior, así como en la contratación de profesorado y personal en general.
Sin embargo, incluso en estas circunstancias excepcionales, las universidades continuaron con el desarrollo de sus planes estratégicos y mantuvieron, aunque ralentizada, la dinámica de su transformación. En condiciones muy adversas, consiguieron entre otros logros: salvaguardar su apuesta por la equidad y el progreso social; mantener una educación superior de calidad con plena integración en el EEES; una importante mejora del rendimiento académico; una investigación competitiva internacionalmente; un significativo incremento de las actividades relacionadas con la transferencia del conocimiento y la innovación; una creciente internacionalización de todas sus funciones; una importante mejora en la eficiencia de su gestión; una mayor apertura a la sociedad; una contribución muy positiva al desarrollo económico y social de su entorno; un excelente desempeño y creciente visibilidad en programas, redes y proyectos internacionales, incluyendo los programas marco de investigación de la UE; una elevada producción científica de calidad y de impacto internacional, así como el posicionamiento en puestos relevantes de los rankings internacionales. Conviene recordar que la mayoría de las universidades públicas españolas se encuentran entre las 1.000 mejores del mundo, aunque ninguna alcance el ansiado “top 100”.
Si se tiene en cuenta que el desarrollo del sistema universitario español (SUE) se ha producido, en general, en un marco de excesiva regulación y escasa financiación y especialmente difícil en los últimos 10 años, deberemos reconocer que el SUE se ha convertido en un sistema maduro, que ha alcanzado niveles de calidad competitivos internacionalmente y que merece un enorme reconocimiento y una gran confianza. La evolución puede seguirse a través de los principales indicadores, de tamaño y eficiencia que se publican anualmente.
Todo ello no es óbice para reclamar reformas urgentes y mejoras significativas, con el fin de poder atender, de forma eficiente, a sus objetivos y a las, cada vez más complejas, demandas sociales. Conviene resaltar que las necesarias reformas son, además, urgentes si tenemos en cuenta que la implantación y aceptación de las reformas necesitará su tiempo por la resistencia que, normalmente, se ofrece a los cambios.
Debilidades, desafíos y retos del sistema universitario español
Sin pretender ser exhaustivos, se recogen a continuación, de forma esquemática, diez retos del sistema universitario español para mejorar su competitividad internacional a la hora de captar talento y recursos económicos. Si bien, todos están interrelacionados y, en general, son dependientes entre sí, conviene observar que los cuatro primeros tienen que ver con el marco legal, en el cual se desarrollan las actividades universitarias. El resto, son aspectos en los que el SUE ha progresado significativamente, pero necesita seguir mejorando.
1. Desregular y flexibilizar el marco legal
Como medida genérica se debería proceder a una significativa desregulación, flexibilización y cierta especificidad del marco legal en que se desarrollan las actividades de la educación superior y la investigación. En general, un excesivo intervencionismo conlleva la homogeneización del sistema. Por el contrario, una mayor autonomía fomentaría la diferenciación. Tal y como promueve la CRUE, creemos que es el momento de una nueva ley de universidades que, basada en el máximo consenso posible de todas las formaciones políticas, las mismas universidades y los agentes sociales, recoja unas generosas condiciones de autonomía y flexibilidad fundamentadas en la confianza en el sistema y que fomenten la diferenciación entre universidades.
2. Coordinar las políticas sectoriales y de las administraciones públicas
Las políticas de las administraciones públicas deberían coordinarse mejor entre sí, con el resto de políticas sectoriales y con las de la Unión Europea. Los ministerios deberían ser menos estancos y más transversales, pues las universidades y sus actividades se ven afectadas por innumerables políticas sectoriales. Se reclama una mayor corresponsabilidad de las administraciones competentes y la adopción de criterios compartidos en materia de gestión, evaluación y cofinanciación. Promover el papel de la CRUE en la política de educación superior y en la planificación y el desarrollo de reformas.
3. Mejorar las estructuras organizativas poco eficientes
Mejorar la eficiencia de las estructuras universitarias mediante procesos de coordinación internos y con otras instituciones de educación superior. Conseguir masa crítica de calidad mediante procesos de agregación con otras universidades, facultades, departamentos, etc. Compartir infraestructuras, promover títulos conjuntos, etc. Promover una mayor profesionalización y especialización de perfiles en consonancia con las nuevas funciones.
4. Mejorar la gobernanza, la transparencia y la financiación
La gobernanza debería depender del origen de la financiación, de la misión y los objetivos de la universidad y del consiguiente requerimiento de eficacia en su realización. Se reclama una financiación y una gobernanza basadas en la autonomía, la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas en igualdad de condiciones con las instituciones de educación superior que constituyen la élite europea. De esta manera se podrá también demostrar la auténtica competitividad del SUE.
La mayor apertura e implicación de la universidad en la sociedad conlleva, en reciprocidad, mejorar la participación de los agentes sociales en la gobernanza y planificación estratégica y financiera de la universidad. Implantar modelos de financiación estables por cumplimiento de objetivos y eficiencia. Mejorar la transparencia económica y de los mecanismos de evaluación.
5. Desarrollar la especialización y diversificación
Una mayor autonomía académica y organizativa permitiría desarrollar diferentes perfiles de universidad por los contenidos de los estudios, la adecuación a las demandas sociales y al empleo, por la aplicación de nuevas metodologías educativas, por la especialización en grado, posgrado o formación continua e incluso en investigación e innovación. Universidades más docentes, intensivas en investigación, más emprendedoras, innovadoras, globales, comprometidas socialmente, orientadas al mercado, etc. Obviamente, la diversificación y la especialización requieren de autonomía para decidir sobre las estructuras de gobierno, organización, selección de personal, etc., en función de la misión de la universidad.
6. Mejorar el modelo docente para promover la empleabilidad, el emprendimiento y la innovación
Desarrollar un modelo docente más innovador que prepare a los egresados para el empleo altamente cualificado mejorando las capacidades y competencias para el mercado de trabajo. Fortalecer los programas curriculares en colaboración con las empresas y los empleadores. Promover competencias críticas transversales y actualizadas, como capacidad de resolver problemas complejos, el pensamiento crítico y la innovación y la creatividad. Desarrollar programas de asesoramiento para el autoempleo en colaboración con el sistema productivo y las administraciones. Mejorar la tutorización y la tasa de abandono temprano.
7. Aumentar la competitividad a nivel internacional
Promover una estrategia a nivel nacional para mejorar la reputación de las universidades españolas. Desarrollar una cultura de internacionalización institucional basada en una calidad contrastada internacionalmente, y una presencia significativa de profesores, investigadores y estudiantes de todo el mundo. Aumentar la movilidad internacional de los estudiantes y personal de las universidades. Mayor visibilidad y presencia (MOOCS y otros cursos) en las principales plataformas de educación online. Promover redes internacionales de Alumni.
8. Mejorar la relevancia y la rentabilidad social de la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento
Para realizar investigación competitiva y de liderazgo internacional es necesario promover agregaciones con masa crítica suficiente, infraestructuras competitivas y estructuras de gestión flexibles y ágiles. Aumentar la interdisciplinariedad para responder mejor a los grandes problemas sociales. La innovación y la transferencia se han incorporado muy recientemente a la universidad, por lo que requieren de incentivación y entornos y estructuras organizativas especializadas. Incentivar la implicación en el desarrollo de la estrategia de especialización inteligente. Incentivar la transferencia y la gestión del conocimiento con impacto y rentabilidad social y/o económica (por ejemplo, el nuevo sexenio de transferencia).
9. Incentivar la selección, atracción y retención de talento
Es necesario promover programas de captación y retención de talento, romper con la rigidez retributiva y contractual actual e incentivar la intensificación de actividades. Promover un marco laboral atractivo y estable y una carrera profesional transparente. Flexibilizar la contratación de acuerdo al interés estratégico de la universidad, permitiendo diversificar los perfiles de captación (por ejemplo, innovadores, lideres educativos y tecnológicos, emprendedores, etc.).
10. Profundizar en equidad, progreso social e inclusión
La consideración de la educación terciaria como un servicio público es decisiva para establecer la misión, las metas y los retos del sistema universitario español. Asegurar el acceso a toda persona con aprovechamiento académico suficiente, independientemente de su nivel de renta y de su diversidad funcional. Hacer seguimiento y ayudar a los estudiantes de grupos desfavorecidos durante la realización de sus estudios. Incrementar el presupuesto de becas y ayudas al estudio hasta alcanzar la media europea y de la OCDE.
Hacia una estrategia nacional de educación superior y una nueva ley de universidades
Mientras se elabora una nueva ley de universidades, es necesario atender, con cierta urgencia, una gran parte de los desafíos, debilidades y retos del sistema universitario español que se han recogido en la lista anterior, para así poder mantener la dinámica de mejoras y transformaciones. En este sentido, una nueva estrategia nacional para la educación superior coordinada con las estrategias de ciencia, tecnología e innovación podría ser un excelente instrumento de reforma y transformación.
Además, permitiría la coordinación conjunta de la ciencia, la innovación y la educación superior en el marco de la política de la UE y su nuevo programa (Horizon Europe). Tal estrategia sería un instrumento de incentivación para potenciar las capacidades del SUE y promover su calidad y modernización en colaboración con todos los agentes.
Pero, aun reconociendo que las bases sobre las que realizar las reformas y afrontar los retos del sistema universitario español son sólidas, el reto de futuro es ¿cómo construir, sobre tales bases, una universidad capaz de liderar el entorno social, educativo, económico y tecnológico que está emergiendo? Un reto que conviene afrontar desde ya, con exigencia y rigor, partiendo de un diagnóstico ajustado de sus debilidades y fortalezas y teniendo en cuenta el grado de heterogeneidad en cuanto al entorno económico y social en que se desenvuelven las distintas universidades.
Con tal objetivo, es necesario no solo atender a los retos del sistema universitario español, sino una nueva ley orgánica de universidades que, partiendo del consenso de las fuerzas políticas parlamentarias, de los agentes sociales y de las propias universidades, constituya un nuevo marco legal flexible en el que las universidades puedan desarrollar su autonomía y configurar entornos diferenciados, competitivos, creativos, captadores de talento y generadores de innovación y conocimiento. El reto es aún mayor si tenemos en cuenta la reciente convocatoria para la creación de “redes de universidades europeas”.
La convocatoria tiene la clara intención de reforzar la agregación y la colaboración entre instituciones de educación superior más allá de las fronteras nacionales y así crear un auténtico Espacio Europeo del Conocimiento a partir de la integración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Espacio Europeo de Investigación (EEI), con las universidades en la interfaz entre ambos. Obviamente, la participación de las universidades españolas en tales redes requerirá cambios legislativos muy importantes para poder incorporarse a una gobernanza transnacional común, reconocer títulos y créditos y desarrollar la libre circulación del conocimiento como complemento a la libre circulación de personas, mercancías y capitales.
En referencia al diálogo y consenso necesarios para la elaboración de un nuevo marco legal y la realización de reformas en el SUE, conviene resaltar la reciente (26 de septiembre de 2018) ventana de esperanza que se abrió con la lectura de una declaración en el Congreso de los diputados y que, impulsada por CRUE Universidades Españolas y la Conferencia de Consejos Sociales y consensuada con formaciones políticas y organizaciones económicas, empresariales y sindicales, promovía la elaboración de una nueva ley de universidades. Confiemos en que el diálogo y el consenso finalicen en una nueva y buena Ley de Universidades.
El objetivo final es, obviamente, convertir nuestros sistemas de educación superior y de investigación en referentes de calidad y de oportunidades para los mejores estudiantes, profesores e investigadores de cualquier parte del mundo.
Esta colaboración fue publicada en el Informe CYD 2018. Capítulo 1, página 70. Puedes descargar el artículo completo en este enlace.
