La Fundación CYD ha presentado el Informe CYD 2024, el informe de referencia de la universidad en España, que analiza, evalúa y propone líneas de mejora para la universidad española con el fin de favorecer la contribución de la universidad al desarrollo económico y social.
Durante dos décadas, el Informe CYD ha sido una herramienta esencial para evaluar el progreso y desempeño de las universidades españolas a través de indicadores clave de recursos, rendimiento y calidad.
La edición de 2024 analiza, en sus cuatro capítulos, el avance de las siete prioridades estratégicas de la universidad española definidas en anteriores ediciones: aumentar la inversión, atraer y retener talento, mejorar la empleabilidad, asegurar la transferencia del conocimiento, impulsar la internacionalización, garantizar el acceso equitativo y acelerar la transformación digital. Y, mediante un conjunto de indicadores seleccionados, visualiza el estado actual y la evolución de cada uno de estos ámbitos. Además, la monografía del Informe CYD incluye ejemplos de sistemas universitarios internacionales que muestran cómo una gestión orientada a metas estratégicas y adaptada a los desafíos actuales puede convertir a las universidades en motores clave de la innovación y el progreso social.
El Informe CYD señala, además, que la modernización de la gobernanza universitaria es un factor clave para garantizar el avance de todas estas prioridades. Una gobernanza que debe ser sólida y moderna y debe otorgar autonomía, flexibilidad y capacidad de gestión a las universidades.
Francesc Solé Parellada, vicepresidente de la Fundación CYD, destaca la importancia de la modernización de la gobernanza universitaria:
“La importancia de establecer objetivos estratégicos claros y una gobernanza que combine acción, transparencia y rendición de cuentas. La experiencia de otros países de referencia demuestra que, con una modernización de la gobernanza que cuente con unos objetivos bien definidos y mecanismos sólidos de rendición de cuentas, las universidades españolas podrán competir globalmente y desempeñar un papel central en el desarrollo económico y social del país”.
Francesc Solé Parellada, vicepresidente de la Fundación CYD
1. Aumentar la inversión en educación superior: urge establecer una estrategia y prioridades claras
El reto fundamental en la financiación de la educación superior en España radica en orientar la inversión pública hacia objetivos estratégicos que impulsen la calidad, la eficiencia y la relevancia del sistema universitario.
Los datos más recientes (2021) revelan que España destina un 1,43% del PIB a la educación superior frente al 1,48% de la OCDE. El 67% del gasto en educación superior en España proviene del sector público, un porcentaje inferior al 76% de la UE, y la proporción del gasto público en educación superior respecto al gasto público total en España es del 2,19%, por debajo de la media de la UE (2,44%) y la OCDE (2,72%). Más allá de pretender equiparar estos porcentajes, el incremento de la inversión debe ir acompañado de una transformación del modelo de financiación, centrado en el uso estratégico de los recursos y en una rendición de cuentas continuada y periódica en base a resultados.
Un ejemplo claro de la necesidad de una estrategia se observa en la inversión en I+D. Aunque en 2022 España experimentó un crecimiento del 12,05%, alcanzando los 19.325 millones de euros mayoritariamente gracias a fondos europeos, la contribución de las universidades continúa disminuyendo, situándose en el 26,5% del total. Esto muestra que el problema no es únicamente la cantidad de recursos disponibles, sino la falta de un enfoque estratégico que priorice y fortalezca el papel de las universidades en el ámbito de la innovación y el desarrollo.
2. Atraer talento y asegurar el relevo generacional del personal docente e investigador: la precariedad y el envejecimiento dificultan la renovación del personal académico
La precariedad laboral, el envejecimiento, las políticas retributivas y la falta de perspectivas de estabilización para quienes buscan una carrera académica en España son algunas de las razones que dificultan la renovación del personal académico.
Así, la edad media del personal docente e investigador se sitúa en 49,5 años (curso 2022-2023) y un 18,1% de sus miembros se jubilarán en la próxima década (34% en el caso de los funcionarios), lo que evidencia la falta de una entrada significativa de nuevo personal. En el curso 2022-2023, solo el 52,6% del PDI en universidades públicas contaba con puestos permanentes, frente al 82,4% en las universidades privadas. Este nivel de precariedad afecta tanto a la calidad de la docencia como a la capacidad investigadora, además de dificultar el desarrollo de carreras académicas con perspectivas en el tiempo.
A pesar de las reformas propuestas por la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para mejorar la estabilidad y promover una carrera académica más atractiva, persiste la necesidad de una mayor autonomía en la gestión de su personal, con políticas flexibles de atracción, retención y estabilización del personal académico – según el Autonomy Scorecard de la European University Association, España ocupa una de las posiciones más bajas en términos de autonomía de gestión del personal docente (país 27 de 35) .
3. Mejorar la empleabilidad: la desconexión entre titulaciones y mercado laboral afecta a los graduados
La universidad tiene un papel fundamental en la preparación de los jóvenes para incorporarse al mercado laboral, pero también en la dotación de competencias versátiles y transversales que les permitan desarrollarse en un mercado en constante transformación. Para ello, es necesario otorgar a las universidades de mayor autonomía en la toma de decisiones estratégicas y capacidad para colaborar con los empleadores.
La expansión de la oferta de másteres oficiales, con un crecimiento respecto al curso pasado del 3,6% en 2023-2024, y el aumento del 8% anual en el número de titulados de este nivel educativo en 2022-2023, demuestran un avance hacia una formación más diversificada. Esta tendencia es un paso importante, ya que puede facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades que permitirán a los jóvenes adaptarse a las necesidades de los empleadores. Sin embargo, se detectan desajustes notables entre las competencias adquiridas en la universidad y las demandas del mercado laboral.
En áreas estratégicas como informática y ciencias, el incremento del número de plazas en grado en las universidades públicas presenciales (14,3% y 4,9%, respectivamente) es positivo, pero ampliamente insuficiente para cubrir el crecimiento de la demanda (36,3% y 26%). Otras disciplinas como la ingeniería no han visto un aumento acorde en la oferta educativa, generando una brecha entre la formación impartida y las oportunidades profesionales disponibles. Además, España cuenta con una alta proporción de ocupados con estudios superiores (la octava más alta de la UE), pero el 35,8% de ellos ocupan puestos de baja cualificación, evidenciando que el reto no radica únicamente en formar a profesionales, sino en formarlos con las habilidades adecuadas y en las áreas más demandadas.
4. Aumentar la relevancia del conocimiento generado para la sociedad: la relevancia radica en su utilidad social y productiva
España destaca por su importante capacidad productiva en investigación científica, con un volumen de publicaciones ligeramente superior a la media mundial. No obstante, el reto que se plantea es el de garantizar que esta producción científica se traduzca en investigaciones que impacten en la sociedad, en el sistema productivo y en la economía en general.
Entre 2020 y 2023, el 69,5% de las publicaciones fueron de acceso abierto, facilitando su difusión, y un 33,3% también estuvieron alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que refleja una voluntad creciente de vincular las agendas de investigación con los retos globales.
El Informe CYD 2024 estima necesario revisar los criterios de evaluación del profesorado para reconocer e incentivar el impacto social y económico de la investigación. Asimismo, para asegurar la relevancia social del conocimiento generado por las universidades, considera fundamental explorar nuevas vías de transferencia de conocimiento, como la creación de plataformas digitales, la promoción de espacios físicos que congreguen bajo un mismo techo a varios actores, o las iniciativas de ciencia ciudadana que ofrecen la oportunidad de involucrar a la sociedad en los procesos de investigación.
5. Fomentar la internacionalización: la insuficiente movilidad y captación de talento extranjero limitan la proyección global
La internacionalización sigue siendo una prioridad estratégica fundamental en un escenario de competencia global.
La movilidad estudiantil es insuficiente: en 2022-2023, un escaso 6,2% de los estudiantes eran estudiantes internacionales con matrícula ordinaria. Una más que posible causa de esta situación es la escasa oferta de titulaciones en idiomas extranjeros (15,86% en el curso 2022-2023), lo que reduce la competitividad internacional de los estudios ofrecidos.
El estancamiento en la atracción de personal académico extranjero sigue siendo otra de las principales debilidades del sistema universitario español. En el curso 2022-2023, el porcentaje de personal docente e investigador de nacionalidad extranjera se situó en un 3,2%, con un incremento mínimo de siete décimas desde el curso 2018-2019. En el ámbito de la investigación, ha disminuido el liderazgo de investigadores nacionales en las colaboraciones de ámbito internacional.
Para fomentar una internacionalización efectiva es necesario flexibilizar las normativas de contratación, incentivar la movilidad y promover la participación de investigadores y docentes en redes internacionales.
6. Mejorar el acceso y la equidad: persisten brechas sociales y de género en el acceso y desarrollo profesional
Factores como el nivel de renta familiar, el nivel educativo la situación laboral de los progenitores y el municipio de residencia, siguen condicionando el acceso de los jóvenes a la universidad, lo que perpetúa las desigualdades sociales. En el curso 2020-2021, el 63,6% de los estudiantes de grado tenía uno o ambos progenitores con estudios superiores, mientras que el 35% de la población de 45 a 64 años (franja de los progenitores) tenía estudios superiores en 2021; hecho que indica una sobrerrepresentación de alumnos de familias con un alto nivel educativo en las aulas.
A pesar del avance en los últimos años, sigue preocupando la paridad de género y la presencia de la mujer en las áreas STEM. El porcentaje de mujeres matriculadas en grado en el sistema universitario (56,8%, curso 2022-2023) supera al de los hombres; sin embargo, su presencia sigue siendo escasa en las áreas más técnicas (el 33,5% de los estudiantes de STEM son mujeres) y, especialmente, en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), donde las mujeres apenas representan el 16,3% de los matriculados. Revertir esta situación no es responsabilidad exclusiva de las universidades: debe abordarse desde las primeras etapas educativas y fomentar la visibilidad de referentes femeninos en estos campos.
En cuanto al desarrollo profesional de los egresados, persiste todavía la brecha salarial de género con independencia del ámbito de estudio. En 2022, la base media de cotización anual en un trabajo a tiempo completo para las mujeres recién tituladas en grado era un 5,8% inferior a la de los hombres, presentando una mejora, sin embargo, respecto a la brecha del 8% en 2020.
También en la carrera académica persiste el “techo de cristal”, con una disminución de la proporción de mujeres entre el profesorado a medida que se asciende en la jerarquía académica. En el curso 2022-2023 sólo el 27,4% de las plazas de catedrático de universidad estaban ocupadas por mujeres; y en 2021 el 25% de los rectores eran mujeres, con una mejora respecto al 22% de 2019. Si bien el avance es lento, el cambio se está produciendo en la buena dirección.
7.Acelerar la transformación digital: la universidad necesita una transformación estructural
La universidad española sigue enfrentando un reto mayúsculo y nada fácil de afrontar: dar el salto definitivo hacia la transformación digital, un proceso amplio y profundo que implica reconfigurar los procesos internos, las estructuras organizativas y, lo más importante, la cultura y mentalidad de los que forman parte de la institución.
La complejidad inherente de la universidad como sistema puede dificultar el proceso, aunque, al mismo tiempo, justifica su urgencia: es una necesidad inaplazable que requiere un cambio de paradigma y la reestructuración de la organización en todos sus niveles.
Resumen ejecutivo_ICYD2024
